
Un hecho insólito se vivió en Corrientes, cuando la policía logró aprehender a presuntos delincuentes que robaban ganado vacuno en una zona rural y un fiscal tardó más de un día en solicitar una orden de allanamiento a establecimientos supuestamente vinculados con el hecho.
Esta situación se vivió el lunes en las cercanías de la localidad de La Cruz, en el este provincial a la vera del río Uruguay. Allí, la policía rural interceptó un camión cargado con 20 animales con documentación irregular, demorando a las personas que la transportaban.
Hasta allí, todo iba de acuerdo a los procedimientos convencionales para el hecho. No obstante, el fiscal a cargo del caso tardó más de un día para solicitar las órdenes de allanamiento al juez interviniente, demorando la investigación y la obtención de pruebas, cuestión que hizo estallar la bronca de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC).
“El lunes la policía enganchó un camión en la zona de La Cruz con una DTe (documentación electrónica que certifica la carga) que no coincidía con los animales que estaban cargados, ya que transportaba 20 animales, el DTe era por 15, además de que este mismo camión se enganchó en la misma situación dos meses atrás”, comentó a Clarín Rural el presidente de la ASCR, Carlos Roldán.
Según relató Roldán, la policía ya tenía una investigación hecha al respecto, cuestión por la que logró dar con los presuntos delincuentes. Así ,se solicitó al fiscal el allanamiento de cinco establecimientos que podrían estar involucrados.
Sin embargo, indicó que “el fiscal solo liberó (la orden) para dos establecimientos y 30 horas después. Para eso, estuvieron 50 oficiales en los portones de ingreso y en el perímetro con 40 grados de calor”, afirmó Roldán.
El fiscal en cuestión, según asegura un comunicado de la ASCR, es Facundo Sotelo. Al respecto, la entidad expresó públicamente su “preocupación y disconformidad ante la persistente falta de respuestas y acciones por parte del Fiscal Facundo Sotelo en relación con los delitos rurales. Estos son de público conocimiento porque han sido expresados por los medios y en conocimiento del fiscal general. Sus actitudes y decisiones parecen contradecir la necesidad de reprender el accionar delictivo que la sociedad demanda”.
“En una región que enfrenta hechos que requieren respuestas ágiles, especializadas y firmes, nos encontramos con un muro de indiferencia cada vez que la Policía Rural actúa en algún caso. Esta situación resulta en la dilatación de medidas judiciales que deberían resolverse con rapidez”, completó el escrito.
Según detalló Roldán, el abigeato es un delito común y una problemática de consideración en la provincia, con zonas donde es más frecuente: “Una de las más calientes se encuentra entre Paso de los Libres y Santo Tomé, en la costa del río Uruguay por el ambiente de campos de malezas y muchos caminos rurales, haciendo que cueste aprehender a la gente que delinque”.
Pero también se registran hechos en las localidades Bonpland, San Roque y San Luis del Palmar. “En todos lados hay abigeatos”, sintetizó Roldán,
Por otro lado, el dirigente rural hizo hincapié en la necesidad de que se creen las fiscalías rurales que demanda la Ley, justamente, para darle celeridad a las investigaciones.
“Donde hay fiscalías rurales es todo bastante más rápido. De las 11 que deberían estar creadas por ley hace 10 años, hay sólo cinco. Es un reclamo que venimos haciendo”, finalizó Roldán.

