La Pocha 
En una sesión urgente y reservada, el Congreso del Estado de Campeche aprobó la noche del lunes la restauración del fuero constitucional para legisladores y servidores públicos, una figura eliminada en 2016.
La decisión, adoptada en medio de una crisis interna en Morena y bajo tensiones con el Ejecutivo estatal, ocurre tras el rompimiento de la mayoría de la bancada oficialista con la gobernadora Layda Sansores San Román.
El conflicto entre los legisladores y la gobernadora comenzó hace dos meses, cuando se presentó la propuesta de Ley de Ingresos 2026 que contemplaba la contratación de una deuda por mil millones de pesos.
El presidente del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, manifestó públicamente que la iniciativa debía ser analizada a fondo y que buscarían alternativas para no endeudar al estado. Esta postura contrarió a la gobernadora Layda Sansores, quien presuntamente presionó a los legisladores para aprobar el crédito.
La tensión se agravó cuando este lunes 10 de los 16 diputados de Morena en el Congreso local anunciaron la ruptura de comunicación con la mandataria. Los legisladores inconformes señalaron que la propuesta de deuda se intentó imponer como una decisión tomada, sin diálogo ni análisis legislativo.
El presidente estatal de Morena, Erick Reyes León, acusó a Jiménez Gutiérrez de traidor y responsable de la división en la bancada. El antecedente inmediato fue la destitución del anterior coordinador, Alejandro Gómez Cazarín, quien también tuvo diferencias con la gobernadora y falleció poco después a causa de una enfermedad terminal.
Durante la discusión del paquete fiscal, Jiménez Gutiérrez se distanció de la agenda del Ejecutivo y advirtió que “la dignidad no se negocia ni se administra, incluso cuando hacerlo cuesta y duele”, en alusión a las presiones recibidas. El legislador subrayó que resistir no implica traicionar, sino cumplir con el mandato popular.
Sin embargo, tras la instalación del periodo ordinario de sesiones, agentes ministeriales cercaron el Palacio Legislativo. Versiones señalaban que buscaban detener al menos a dos diputados, quienes se atrincheraron en sus oficinas. La Fiscalía estatal negó que existieran órdenes de aprehensión, pero el ambiente de tensión se mantuvo.
Las diferencias internas se profundizaron cuando la bancada morenista destituyó a Jorge Pérez Falconi y Verónica Roca Méndez de la subcoordinación, y designó en su lugar a Omar Talango Cervantes, Ismael López Garcés y Mayda Maas Tun, en un claro reacomodo de fuerzas que marcó el rompimiento oficial.
La fractura se reflejó en la elección de la nueva Mesa Directiva, donde los legisladores leales a la gobernadora se aliaron con diputados de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT y PVEM para colocar al emecista Paul Arce Ontiveros como presidente, desplazando a los morenistas disidentes.
En ese contexto, y en una sesión reservada, la mayoría de los diputados de Morena aprobó reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restituir el fuero constitucional, eliminado desde 2016 durante la administración de Alito Moreno.
La reforma busca impedir detenciones sin un procedimiento previo de desafuero, una medida que beneficiaría a legisladores con investigaciones o procesos abiertos.
El propio Jiménez Gutiérrez enfrenta una investigación de la Fiscalía Estatal Anticorrupción por presunto desvío de recursos, mientras que el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Alfredo Arce Ontiveros, presidente de la mesa directiva del Congreso, cuenta con un proceso judicial pendiente por supuestos desvíos durante su gestión como alcalde de Campeche.
Otro caso es el del legislador morenista Gaspar Nah Miss, quien tiene denuncias penales por incumplimiento de obligaciones familiares, y cuya situación judicial se reactivó tras aliarse con el grupo de Jiménez Gutiérrez.
La aprobación de la reforma se llevó a cabo sin discusión pública y bajo reserva, lo que generó que algunos diputados abandonaran la sesión, argumentando temor y falta de transparencia. El diputado Jorge Pérez Falconi declaró que “al parecer hay alguien que tiene mucho miedo de que lo detengan”.
Posteriormente, la gobernadora Layda Sansores reaccionó a la restauración del fuero mediante un mensaje público en el que reiteró su postura en contra de esta figura.
Señaló que la eliminación del fuero responde a una demanda ciudadana y subrayó que la propuesta forma parte de la nueva Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo del gobierno de Campeche.
Sansores criticó que el fuero se haya convertido en una herramienta de protección para intereses partidarios y de grupo, alejando a los funcionarios del sentir popular. “Basta del abuso que muchos políticos hacen de esta figura, que los mantiene distantes del sentimiento popular, y más cercanos de los intereses partidarios y de grupos”, expresó la mandataria.
