Alivio impositivo en Córdoba y fuerte repudio a la idea de cobrar impuesto al metano bovino en Buenos Aires
La Pocha
Mientras en el sudeste cordobés se celebra una decisión que reduce costos y oxigena al sector ganadero, en la provincia de Buenos Aires crece el malestar por un nuevo intento de avanzar con más cargas sobre la producción. En pocos días, dos comunicados de entidades rurales expusieron con claridad el clima que atraviesa al agro argentino: alivio y reconocimiento, por un lado; enojo y advertencias, por el otro.
En Bell Ville, la Sociedad Rural de Bell Ville anunció que, tras intensas gestiones ante las autoridades locales, la Municipalidad de Bell Ville resolvió discontinuar a partir del 1 de enero de 2026 el cobro de las guías para el traslado de hacienda. Se trata de una tasa que impactaba directamente en la operatoria diaria de los productores, tanto en movimientos comerciales como sanitarios.
Desde la entidad ruralista destacaron que la medida “representa un importante alivio en los costos operativos” y la interpretaron como un reconocimiento al esfuerzo que realizan los productores para sostener la economía regional, en un contexto de márgenes ajustados, altos costos de insumos y presión fiscal. Además, agradecieron la predisposición al diálogo por parte de las autoridades municipales e invitaron a otros municipios de la provincia a avanzar en el mismo sentido, reduciendo cargas que, aseguran, terminan encareciendo toda la cadena productiva.
“El retiro de tasas distorsivas es una señal concreta para acompañar a quien invierte, produce y genera empleo”, señalaron desde la Rural local, que también reafirmó su compromiso de seguir gestionando en defensa de los intereses de sus asociados y del desarrollo de la producción.
Muy lejos de ese clima de entendimiento, en cambio, fue el tono del comunicado difundido por CARTEZ, la confederación que nuclea a entidades rurales del centro del país, respecto al proyecto de ley para gravar las emisiones de metano bovino presentado por la legisladora bonaerense Lucía Klug. La organización expresó su “más sincero repudio” ante lo que calificaron como un nuevo intento de la “vieja política”, esta vez en la Provincia de Buenos Aires, de avanzar con más impuestos sobre la producción.
Según CARTEZ, la justificación del nuevo tributo carece de sustento técnico. En línea con lo planteado por su confederada bonaerense, CARBAP, señalaron que no existe “ningún tipo de sustento científico” que avale la medida, y la interpretaron exclusivamente como un nuevo intento de recaudación sobre la matriz productiva del país.
El comunicado fue especialmente duro con los dirigentes que impulsan este tipo de iniciativas. “Los instamos a que utilicen todas sus capacidades en encontrar medidas que impulsen más producción y más trabajo en todos los rincones del país, y no este tipo de decisiones que solo logran desincentivar al que produce y genera empleo”, afirmaron.
Las dos posturas reflejan una tensión que atraviesa al sector agropecuario en todo el país. Mientras algunas administraciones locales buscan aliviar la carga sobre los productores para fortalecer las economías regionales, otras iniciativas avanzan en sentido contrario, generando un clima de creciente desconfianza.
Para los dirigentes rurales, el contraste es claro: menos tasas y más diálogo, como en Bell Ville, se traducen en previsibilidad y estímulos a la producción. Más impuestos y fundamentos débiles, como denuncian en Buenos Aires, solo profundizan la incertidumbre y el malestar en un sector clave para el ingreso de divisas, el empleo y el desarrollo territorial.
En ese escenario, el mensaje del campo vuelve a ser el mismo: no pide privilegios, sino reglas claras, menor presión fiscal y políticas que acompañen al que produce. Dos comunicados, dos señales opuestas y una misma preocupación de fondo: que las decisiones públicas no terminen asfixiando a uno de los motores centrales de la economía argentina.
